Dos recaudadores de impuestos. Marinus Reymerswaele (siglo XVI)La Dirección General del Catastro nos está alegrando nuestro bolsillo, en medio de la incertidumbre económica, de la próximas elecciones y de la cuesta de Enero y del desfiladero de Febrero. Es como la crónica de una catástrofe anunciada.
El motivo de nuestra felicidad y dicha, no es otro que la comunicación de los nuevos valores de nuestras viviendas y demás bienes inmuebles.
Eso sí, nos consuelan con un prorrateo de la subida durante los próximos diez años, para que el impacto no sea del todo mortal; pues de todos es sabido que por ahora los fiambres no tributan tanto; sobretodo los que son incinerados que no contribuyen nada de tan quemados que están; a diferencia de los que duermen gratis en el campo santo, a los que se les amenaza con depositarlos en el osario común, a poco que no sigan pagando las tasas de su eterno resort en el complejo multiservicios Rascayú cuando mueras que haras tú.
Estas nuevas cuantificaciones tienen una transcendencia fundamental en los impuestos que toman a las propiedades sobre inmuebles como elemento objetivo de su hecho imponible (los más conocidos serían el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el ITAJD -transmisiones-; y el propio IRPF en el apartado de imputaciones).
Como la vivienda no es un bien líquido (y si no que se lo digan a quienes ahora intentan venderla) del que recaudar una parte (como pasa con los rendimientos del trabajo por ejemplo); es necesario entonces medir su valor en dinero para apartir de aquí, aplicar un multiplicador que nos dirá la leche (la cuota láctea) que pagaremos; tras el ordeño fiscal de esta ubre profusamente utilizada por nuestros legisladores financieros, ¡tan lúbricos ellos! cuando se trata de manosear nuestras sensibles mamas; luego se quejan de que les llamen no sé si cariñosamente mamones.
Los que no están familiarizados con el derecho tributario, no siempre son conscientes que esta graciosa estimación es algo que incluso puede llegar a desnaturalizar o desvirtuar el propio principio de capacidad económica. Es decir el mandato constitucional de contribuir a los gastos comunes en función de nuestra riqueza; debiendo pagar más el que más gana, tiene o consume y menos el que va por el otro sentido (aunque tal vez no sienta nada, porque si no gana, no tiene y no consume pues mala cosa: al complejo de Rascayú).
Por poner un ejemplo de libro. En el IRPF algunos pequeños comerciantes se acogen al sistema de medición por módulos por ahorrarse un contable; sistema que prescinde desde el principio de medir el real beneficio obtenido por su explotación; y donde se allanan a unas tablas objetivas que son el resultado de unos estudios económicos sectoriales que hace la Agencia Tributaria. O sea, ésta se abstiene de medir lo ganado o lo perdido a la hora de liquidar o de verificar una autoliquidación del contribuyente; simplemente se limita a controlar toda una serie de parámetros (consumo eléctrico, superficie de la explotación, etc.). La consecuencia de esto es que algunas bolsas de dinero negro se han lavado al incorporarse esas ganancias fraudulentas como ganancias de los módulos (vamos lo que pasa con algunos que siempre les toca la lotería de navidad) y que algún que otro ceporrillo paga de más (se les nota por su cara agriada); y otros pagan de menos (transmiten una gran felicidad, a pesar de que los muy descarados se quejan con la boca pequeña de que pagan mucho).
Pero centrémonos en las meritadas valoraciones catastrales. Decir, antes que nada, que son mediciones hechas en plan masivo (por aquí decimos, al estilo juan diego; que debió ser un tipo algo grosero por lo que barrunto). Y es que no es un perito tasador el que comprueba in situ nuestra casa (por dentro y por fuera). No; es una medición de libro; de oficina catastral. Un grupo de funcionarios (no sé si antes o después de desayunar) despliegan un mapa del municipio y empiezan (de acuerdo con unos criterios objetivos) a poner valores al suelo urbano.Es lo que se llama Ponencia de Valores (sobretodo por lo que nos pone a los ciudadanos), que se publica (una vez confeccionada) en el boletín oficial de la provincia respectiva, para sus posibles impugnaciones por los aficionados a leer tan distraidas y entretenidas gacetas. Todo ello con el agravante de ser tal documento demasiado técnico.
Pues bien; lo que hemos recibido estos días es la concreción del valor de nuestra vivienda en atención a la referida Ponencia; con lo que nuestro margen de defensa (no habiéndola impugnado) es bien escaso. Se podría denominar la comunicación de las lentejas (pagas en su momento o sino luego te embargan y despues te quejas). Únicamente se limitaría a verificar si ha habido una perfecta subsunción de nuestro suelo y edificación construída en el referido galimatías hecho por los arquitectos catastrales.
Como uno va ya teniendo edad, recela (porque es desgraciadamente un mal pensado ya que suele entablar conversación con gentes de izquierda que le han trastocado de su prístina bondad), que el momento que ha escogido el Catastro (Ministerio de Hacienda) es significativo (en pleno período electoral). Me explico: Las valoraciones van a afectar a un impuesto muy popular (el IBI), que aunque es de titularidad y diseño estatal es gestionado por nuestros ayuntamientos (de hecho es su principal fuente de recursos). Estos, en la mayoría de las ciudadades importantes son del PP. Pues bien; la Administración Central del Estado en pleno debate electoral sobre impuestos y su rebaja, comunica a los ciudadanos una orientación (esta sí que es polémica y no otras) sobre lo que les va a cobrar en este año. Así de golpe y porrazo se han encontrado los Ayuntamientos con esta patata caliente; y el único margen de maniobra que tienen es bajar el multiplicador, retrasar o fraccionar su pago; pero la ponencia la pone el Catastro (pues son ellos muy puestos).
Estamos hablando de una subida por encima de la inflacción prevista. Un botón de muestra. Mi vivienda: Año 2007 - 457,37 euros; Orientación para el Año 2008 - 507,07 euros.
Ya me he cabreado. El consultar los datos ya me ha puesto de mal humor.
Yo, fuera de bromas, soy un defensor de una potente Hacienda Pública. Creo que es básica para en primer lugar sostener unos servicios públicos de calidad; y en segundo lugar para asímismo redistribuir la riqueza a través de estas mismas prestaciones públicas.
La Administración Local está muy necesitada de una financiación coherente. Es todavía hora de que se acometa una descentralización administrativa que se ha quedado en las regiones. Aunque este es un tema delicado, vistos icebergs de fraude y malversación como el caso marbellí.
Pero siempre, con ocasión del IBI, me he preguntado si ya que es un impuesto destinado a la dotación presupuestaria de los entes locales, para luego permitir todos los servicios municipales; entonces ¿cómo contribuyen los residentes no titulares de inmuebles a la dotación de estos servicios?. ¿Sólo descansa el sostén municipal en los propietarios?.
Esto me hace recordar la famosa polémica en el Reino Unido (con Margaret Thatcher) y su celebrado Poll Tax. La verdad que era un impuesto fijo por adulto residente. No, no quiero ir por ahí. No es que paguen todos los residentes, sino como en la imposición directa de la renta, los que superen determinado nivel de ingresos sean o no propietarios. Se me antoja más justo y progresivo que un sistema como el actual donde pagan los propietarios con independencia de sus ganancias netas anuales. Es decir: los gastos municipales los debe pagar todoquisqui que reside en un municipio en atención a sus ganancias netas anuales.
Le he echado un vistazo a los programas electorales de PSOE, PP e IU. El programa más detallado es el del PSOE. El de IU el más escueto; nos habla de mayor presión fiscal para las rentas altas y las plusvalías (pero no concreta nada). El PSOE dedica mucha más extensión. Se plantea reducir el IRPF actuando sobre la tarifa y los mínimos exentos; simplificar Sucesiones y Donaciones y eliminar Patrimonio (sorprende en un partido de izquierdas). Eso sí; nos anuncia tributación medioambiental (¿ecotasas?) y se desliza en vaguedades en el tema de la financiación local. A medio camino de profuso (lo que me parece inconcebible ya que estos chicos van de sobrados en los económico) va el programa del PP. Nos manifiesta que quedarán fuera del IRPF los que no superen los 16.000 euros. Y nos dicen dos cosas que nos suenan a gloria: Reducir los impuestos sobre la vivienda y elaborar una Carta de transparencia fiscal donde se detalle lo que cada uno paga por una parte y el coste de los servicios individualizados que percibe. Sí señor; esto es ciudadanía y pedagogía tributaria.
